Valor de los plenarios descalificados por la Corte Suprema de Justicia

Valor de los plenarios descalificados por la Corte Suprema de Justicia

Laplacette, Carlos José 

Publicado en: LA LEY 27/02/2009 , 7  • LA LEY 2009-B , 848 

Fallo Comentado:  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C (CNCiv)(SalaC) CNCiv., sala C ~ 2008/07/08 ~ Minaglia, Mónica Adela c. Expreso La Nueva Era S.A  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C (CNCiv)(SalaC) CNCiv., sala C ~ 2008-07-13 ~ Fernández Lupa, Inés c. Línea 271 Empresa Tomás Guido S.A. y otros

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. - II. Valor de la doctrina constitucional de la Corte. - III. Una interpretación razonable del art. 303 CPCC

Voces

I. Introducción

Las sentencias que se comentan declaran la inoponibilidad al damnificado de la franquicia como límite de cobertura en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros. Lo hacen con fundamento en lo resuelto por el plenario "Obarrio – Gauna", aun cuando la Corte Suprema ha descalificado por arbitrario el razonamiento seguido por la mayoría del plenario.

La Cámara se ampara en la afirmación de que conforme al art. 303 del Código de Procedimientos, la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria es obligatoria tanto para ella como para los jueces inferiores del fuero, y sólo puede ser modificada por un nuevo plenario. En cambio, se afirma en las sentencias, no existe norma alguna que determine la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema.

II. Valor de la doctrina constitucional de la Corte

Asiste razón a la Cámara cuando afirma que, a diferencia de lo que ocurría durante la vigencia de la Constitución de 1949, ni la ley ni la propia Constitución establecen de manera expresa la obligatoriedad de seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, hasta el año 1994, la Constitución nacional tampoco tuvo ninguna norma que reconociera expresamente la facultad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de una norma. A pesar de ello, esa facultad existió.

Lo propio puede decirse del efecto vinculante de los fallos de la Corte. Con mayor o menor amplitud, la Corte Suprema ha expresado que sus precedentes tienen cierto grado de vinculación para los tribunales inferiores. Ya sea un deber moral, institucional o directamente un deber jurídico, lo cierto es que los tribunales inferiores que se aparten sin fundamentos de la doctrina de Corte en materia constitucional, estarán violando la interpretación que la propia Corte ha hecho de la Carta Magna.

Tengamos presente que la Corte Suprema no puede ser considerada un tribunal más. Es el tribunal de mayor jerarquía constitucional, y como tal su función reside en preservar la vigencia del orden constitucional procurando que las sentencias judiciales se adecuen al Estado de Derecho impuesto por la Constitución. Como consecuencia, es el intérprete final de la Constitución a cuya doctrina corresponde supeditar la validez de los fallos emanados de los tribunales inferiores, tanto federales como provinciales (1).

La propia Corte ha señalado que carecen de fundamentos las sentencias que se aparten de sus precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar lo decidido por ésta como intérprete supremo de la Constitución (2); una sentencia dictada en tales condiciones es una sentencia arbitraria, y como tal contraria al art. 18 de la Constitución Nacional. Es decir, una sentencia que no satisface el derecho de defensa en juicio de las personas.

Por lo tanto, parece un error continuar afirmando hoy que para los jueces inferiores la doctrina de la Corte Suprema es indiferente o que no existe obligación jurídica alguna de seguirla. Por el contrario, ellos sólo podrían eludir la aplicación de esa doctrina recurriendo a nuevos argumentos, o demostrando que aquélla no es extensible al caso concreto por las particularidades que presenta.

III. Una interpretación razonable del art. 303 CPCC

Al haber resuelto la Corte que los razonamientos normativos del plenario "Obarrio - Gauna" son arbitrarios (3), lo que en realidad está diciendo es que ese plenario es contrario a la Constitución. Siendo así, mal podría argumentarse la obligación de los jueces de continuar aplicándolo; aun cuando se pretenda recurrir a la letra de una norma ritual, como es el caso del art. 303 CPCC.

¿Puede el legislador sancionar una ley que obligue a los jueces a dictar sentencias contrarias a la Constitución? Desde luego que no; una ley de esas características sería inconstitucional. Por lo tanto, si llegásemos a la conclusión de que —en este caso— el art. 303 CPCC obliga a los jueces a dictar sentencias con base en razonamientos que la Corte ha declarado arbitrarios, frente al pedido del particular, debería declararse la inconstitucionalidad de esa norma.

Sin embargo, no considero que esa solución extrema sea necesaria. Conforme siempre se ha destacado, toda vez que existan dos interpretaciones posibles de una norma, debe escogerse aquella que la preserva y no la que nos lleve a su nulidad.

Es regla de hermenéutica de las leyes —ha expresado la Corte— atender a la armonía que ellas deben guardar con el resto del ordenamiento jurídico y con las garantías de la Constitución Nacional, razón por la cual no es siempre recomendable el atenerse estrictamente a sus palabras, ya que el espíritu que las nutre es el que debe determinarse en procura de una aplicación racional (4). A tal fin no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de la interpretación, pues ellas permiten verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (5).

Parece entonces completamente válido interpretar que art. 303 del ritual no es aplicable cuando el plenario ha sido descalificado por la Corte (6). Para tal fin, basta con considerar que cuando la norma establece la obligatoriedad de una interpretación legal, implícitamente damos por sentado que debe tratarse de una interpretación legal válida. No resultaría razonable creer que haya sido intención del legislador procurar otra cosa que la uniformidad del derecho común, como sería privar a la Corte Suprema de su condición de intérprete final de la Constitución Nacional.

Si la Corte ha concluido que la interpretación normativa de "Obarrio – Gauna" es arbitraria y, por lo tanto, su aplicación da lugar a una sentencia inconstitucional, a menos que se brinden nuevos argumentos jurídicos o se expliquen las diferencias fácticas que justifican no extender aquí la doctrina del Tribunal, no existe ningún motivo para aplicar el plenario, respetando una interpretación literal de la norma procesal, pero al costo de violar nuevamente la Constitución nacional.

(1) BADENI, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitucional", 2ª ed., La Ley, Bs. As. 2006, t. II, ps. 1776. Afirma Néstor Sagüés que la Corte ha realizado "una interpretación constitucional mutativa por adición, actualmente con textura de derecho consuetudinario, de tal modo que agregó al hoy art. 117 de la Constitución una frase según la cual los tribunales inferiores deben aplicar la doctrina que ella fije, salvo que dieren razones valederas y nuevas para apartarse de ellas" ("La vinculatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema", LA LEY, 2008-E, 837).

(2) Fallos 307:1094; 311:1644, 318:2060, 323:2648, entre muchísimos otros. Y aunque en algunas ocasiones esta doctrina no ha sido seguida por el Tribunal, su actual composición recientemente ha reiterado una vez más la vigencia de la misma ("Cornejo c. Estado Nacional", 18/12/2007).

(3) "Nieto, Nicolasa del Valle c. La Cabaña S.A." (08-08-2006); "Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena, Pedro Antonio" (07-08-2007); "Villarreal, Daniel Alberto c. Fernández, Andrés Alejandro" (28-08-2006 y 4-03-2008).

(4) Fallos 315:380.

(5) Fallos 328:53.

(6) Así lo sostienen, por ejemplo, Sagüés (op. cit.) y Emilio Ibarlucía ("Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LA LEY, 15/12/2008).