Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil, sala E
D., N. R. c. O., G. M. • 03/03/2003
Publicado
en: LA
LEY 2003-D , 791
Cita online: AR/JUR/512/2003
El juez de primera instancia resolvió denegar el pedido efectuado para que se concediera fuerza ejecutoria a una sentencia dictada por un tribunal extranjero. La Cámara revocó la resolución.
Sumarios
1.
1 - Cabe tener por acreditado que el pronunciamiento de disolución de
matrimonio dictado por un tribunal extranjero está ejecutoriado -art. 518, Cód.
Procesal-, toda vez que de la documentación acompañada surge que no se presentó
notificación de revocación alguna de la sentencia cuyo exequatur se persigue y
las partes no se han reconciliado.
2.
2 - Debe otorgarse fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por un
tribunal extranjero si la decisión es consecuencia de un pedido conjunto de
ambos cónyuges -en el caso, de disolución de matrimonio-, donde cualquiera
puede considerarse demandado y la esposa se domiciliaba y lo sigue haciendo en
el lugar del mencionado tribunal, existiendo en consecuencia jurisdicción
internacional de los jueces de aquel país para disolver el matrimonio del
recurrente.
TEXTO COMPLETO:
2ª
Instancia. - Buenos Aires, marzo 3 de 2003.
Considerando: En la providencia de fs. 49, luego de
considerar que en autos no se había acreditado los presupuestos exigidos por
los arts. 517 inc. 1° y 518 del Cód. Procesal, la a quo decidió denegar el
pedido efectuado por N. R. D. para que se concediera fuerza ejecutoria a la
sentencia dictada con fecha 27 de septiembre de 1993 por el Tribunal Superior
del Estado de California, Condado de "San Bernardino", Estados Unidos
de América, que decretó la disolución del matrimonio del nombrado con G. M. O.
Contra dicho pronunciamiento alza sus quejas D. en
el memorial de fs. 50. La decisión también fue apelada por el representante del
Ministerio Público de la anterior instancia a fs. 54. Sin embargo, este último
recurso es desistido por el fiscal de Cámara a fs. 57/58 porque, si bien
considera que las actuaciones acompañadas a fs. 22/30 acreditan que la
sentencia extranjera se encuentra ejecutoriada, destaca que no se ha comprobado
el lugar del último domicilio conyugal y, por consiguiente, la jurisdicción
internacional del tribunal estadounidense.
II. Surge de la documentación glosada en autos que
respecto de la sentencia de disolución de matrimonio cuyo exequátur se
persigue, "no se ha presentado notificación de revocación alguna y las
partes no se han reconciliado" (ver fs. 28).
En consecuencia, cabe tener por acreditado que
dicho pronunciamiento se encuentra ejecutoriado (art. 518, Cód. Procesal).
Por otra parte, en el sub examine, la sentencia extranjera
es consecuencia de un pedido conjunto de ambos cónyuges -donde cualquiera de
ellos puede considerarse demandado- y G. M. O. se domiciliaba en los Estados
Unidos de América (ver fs.5 vta) y lo sigue haciendo en la actualidad (ver fs.
39/40, 46/47).
De allí, que existió jurisdicción internacional de
los jueces de aquel país para disolver el matrimonio del recurrente (art. 227,
Cód. Civil; CNCiv., esta sala c.350.015 del 06/08/2002; Kielmanovich, Jorge L.,
"Procesos de Familia", ps. 145/146).
Por esa razón, corresponda tener por cumplido el
requisito exigido en el art. 517 inc. 1° del Cód. citado y admitir las quejas.
Por ello, habiendo dictaminado el fiscal de Cámara
a fs. 57/58, se resuelve: Revocar la decisión de fs. 49 en cuanto fue materia
de recurso. - Mario P. Calatayud. - Juan C. G. Dupuis. - Osvaldo D. Mirás.
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